Entrevista a Jose Antonio Sanahuja, Vicepresidente de REEDES y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid

 

Jose Antonio Sanahuja ofrece una conferencia sobre el cristianismo en el mundo

PERFIL DEL ENTREVISTADO

  • Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 2 de agosto de 1962
  • Cargo e institución de trabajo: Profesor titular de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid. Investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
  • Especialidades en estudios del desarrollo: Cooperación internacional al desarrollo. Regionalismo e integración regional. Relaciones Internacionales y política exterior
  • Una obra de los estudios del desarrollo que recomendarías: Roger Riddell (1987), Foreign Aid Reconsidered, Londres, ODI/ The John Hopkins University Press: un trabajo clásico, pero aún relevante, con una exhaustiva discusión sobre los porqués de la ayuda desde el punto de vista de la filosofía política y la economía política.
  • Página web personal: https://ucm.academia.edu/JoseAntonioSanahuja

ENTREVISTA

¿Cómo ves la situación actual de los estudios del desarrollo en España?

En una perspectiva de largo plazo, de dos o tres décadas, el balance es necesariamente positivo. El desarrollo internacional se ha afirmado ya como problemática y objeto de estudio y existe ya una cierta “masa crítica” de investigadores y docentes, con redes académicas, formales e informales; un número significativo de centros de estudios e investigación, programas de formación reglada y no reglada y ha aumentado mucho la producción bibliográfica. Esa infraestructura no existía hace sólo algunas décadas. La propia aparición de la Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES) y su amplia membresía podría ser considerada un indicador de esos avances.

Todo esto puede parecer obvio en este momento, pero no lo es tanto si se considera de dónde venimos. Hace sólo tres décadas, sólo un puñado de precursores se ocupaba de estos asuntos desde la economía política, las relaciones internacionales o los estudios de área, generalmente centrados en América Latina. Pude conocer como estudiante a algunas de estas figuras pioneras, que me permito mencionar como reconocimiento a su contribución: Pepe Déniz, Paco Alburquerque, Enrique Palazuelos, Alfonso Dubois, Koldo Unceta, Arcadi Oliveres, Pep Ribera… Ellos crearon las condiciones para que después empezáramos a trabajar lo que podría ser una “segunda generación” en los estudios del desarrollo en España.

Ya en los noventa, merced al proceso de internacionalización y de europeización de España, los estudios del desarrollo han ganado peso y se han extendido a otras muchas áreas científicas, como respuesta a la demanda de conocimiento especializado que supone esa presencia global, el despliegue de una acción exterior más intensa, y de una política de cooperación al desarrollo que llegó a convertirse en una de las señas de identidad como actores internacionales de España y de la UE.

Sin embargo, esta valoración positiva no debe ser motivo de complacencia. Los estudios del desarrollo aún no tienen el reconocimiento que merecerían en las estructuras académicas y en las políticas de investigación, su proyección internacional es aún escasa, y no tienen el papel que se les otorga en otros Estados miembros de la UE o de la OCDE. En los grandes debates doctrinales estamos aún rezagados –la agenda está aun más marcada por la recepción y adaptación doméstica de lo internacional, que por la innovación y la capacidad propositiva en los foros globales—  y el actual ciclo de recortes e involución en las políticas de ciencia e innovación, educación y cooperación al desarrollo hacen difícil avanzar e incluso se observan retrocesos.

¿Qué aspectos consideras prioritario reformar en España para potenciar los estudios del desarrollo y converger, en esta materia, con Europa?

Desde REEDES hemos planteado una agenda ambiciosa que por supuesto suscribo, y quisiera recordar: necesitamos, en primer lugar, un mayor reconocimiento de los estudios de desarrollo y de su carácter multidisciplinar. Sólo así se lograría que el desarrollo deje de ser considerado un área marginal en todas las disciplinas o campos científicos, tanto en las ciencias sociales como en otras áreas, alejado del “núcleo duro” de cada una de ellas. Ello puede promoverse a través de un área de conocimiento específica, o de otros mecanismos que aseguren su reconocimiento y su naturaleza multidisciplinar en la evaluación de la actividad investigadora, o en la acreditación del profesorado y el personal investigador, ahora en manos de comisiones de grandes áreas científicas pero cuyo funcionamiento interno sigue estando muy segmentado conforme a las áreas y las divisiones académicas tradicionales. Puede ayudar también la definición de un currículum especializado, y que aparezcan asignaturas específicas y titulaciones de posgrado de carácter oficial en materia de desarrollo. Contribuiría también el reconocimiento del desarrollo como ámbito específico en la evaluación de la actividad investigadora. El hecho es que esa falta de reconocimiento penaliza la multidisciplinariedad de los estudios de desarrollo. Es significativo lo que ocurre con los procesos de acreditación del profesorado universitario y, sobre todo, la evaluación de la actividad investigadora a través del reconocimiento de los sexenios en la CNEAI: en no poco casos hemos de publicar trabajos bien asentados en el “núcleo duro” de nuestras disciplinas para acudir a esas convocatorias, a sabiendas de que aquellos que tienen que ver con desarrollo pueden ser peor valorados y penalizar a quien los presente.

La situación parece ser algo mejor en las convocatorias de investigación, que escapan en parte a la compartimentalización que existe en las convocatorias antes mencionadas. No obstante, también sería necesario integrar mejor los estudios de desarrollo en los planes nacionales de I+D+i. La propuesta de REEDES, en particular, es que el Ministerio de Economía y Competitividad incluya el desarrollo global como una de las “prioridades científico-técnicas y sociales” de la estrategia estatal de innovación.

Igualmente importante es la articulación de los estudios de desarrollo con la política de cooperación, en varias dimensiones: primera, la contribución que el conocimiento especializado pueda hacer al debate internacional sobre la política de desarrollo, al que España no puede ser ajena; segunda, en una dimensión más aplicada, a la generación y transferencia de conocimiento a los actores públicos y privados de la cooperación española; tercera, a la actividad de análisis de contexto y de evaluación y sistematización de la experiencia, para que la AECID y otros actores se configuren como verdaderas “organizaciones de aprendizaje”, y mejoren también su rendición de cuentas. Ninguna de estas vías o mecanismos de articulación de los estudios del desarrollo y la política de desarrollo está hoy bien resuelta, más allá de actividades o encargos puntuales a algunos centros o especialistas para preparar los papeles con los que la cooperación española se autolegitima en los foros internacionales. Siguen pendientes de respuesta demandas tan antiguas como básicas, como la existencia de un plan de actuación y una línea de financiación de investigaciones sobre cooperación al desarrollo, de carácter competitivo y con criterios objetivos, ajenos a la discrecionalidad del político de turno. Por lo tanto, habrá que seguir insistiendo en lo más elemental…

¿Cuál debería ser el papel de los centros de estudio y de las universidades españolas en los estudios del desarrollo?

La respuesta parece obvia: formar e investigar, desde el rigor científico y el compromiso con la excelencia académica. Creo que es necesario reconocer la contribución de la universidad y los centros de estudio para proporcionar una formación de calidad a toda una generación de profesionales de la cooperación que hoy trabajan tanto en ONG como  —cada vez en mayor medida por la crisis—  en organismos multilaterales y agencias de cooperación de otros países. Un rápido repaso a la producción bibliográfica y a la cantidad y calidad de las tesis doctorales presentadas en los últimos años muestra que también se ha hecho una contribución relevante a la investigación. Sin embargo, pese a ser obvio, ese papel no siempre se reconoce: ya se ha señalado que no ha habido fuentes de financiación estables para esa actividad, y paradójicamente, otros actores como las ONG han podido disponer de mucha más financiación para hacer investigación sin contar con las garantías ni el personal adecuado para ello.

Por otro lado, es obligado mencionar las dificultades que supone una oleada de recortes sin precedentes en materia de I+D+i, universidad o cooperación. En los últimos años, por citar casos conocidos, han desaparecido totalmente centros como el CEALCI de la Fundación Carolina, se ha reducido la actividad de otros, como el ICEI o CIDOB, los think-tanks funcionan a medio gas, y las ONG que no están desapareciendo se están retirando de este actividad. Todo esto supone un evidente riesgo de desinstitucionalización y de pérdida de recursos humanos, y de retroceso en la presencia en redes y foros internacionales. Veremos si las consecuencias son irreversibles o se ha logrado consolidar un “piso mínimo” que  logre resistir este ciclo adverso. Y sobre todo, hemos de aprender de este ciclo para valorar mejor los riesgos que supone que no existan políticas públicas consolidadas, y que en este como en otros asuntos, más allá de los recortes, estemos al albur de los vaivenes políticos que impone el gobierno de turno.

Cabe recordar que no tenemos, por ejemplo, un gran centro de referencia como podría ser el ODI en el Reino Unido, el DIE en Alemania, o el CGD en Estados Unidos. No estoy seguro de si ese sería un modelo factible para España —hay que preguntarse cómo se podría financiar si no es con apoyo público, y en el caso español no parece factible asegurar un estatuto que asegure su independencia respecto a la política partidista—, pero la alternativa no parece ser mejor: buena parte de los centros existentes, que a duras penas se sostienen con el respaldo de las universidades, también son dependientes de los fondos públicos. Y no existen mecanismos de financiación estables a los que recurrir, lo que comporta evidentes riesgos tanto para su independencia, como para la continuidad y la estabilidad del esfuerzo investigador. Esta es una cuestión que requiere una mayor reflexión, que no debería ser ajena a un mejor conocimiento de la experiencia comparada.

Como especialista en cooperación internacional para el desarrollo, ¿en qué situación se encuentra actualmente España?

Es un desastre sin paliativos. Probablemente, estamos en el peor momento de su historia. Veamos, en primer lugar, la evolución de las cifras: desde 2010 la caída acumulada es del 70%, y el 0,16% del PIB como AOD en 2012 y 2013 nos retrotrae a niveles de los años ochenta… Y esos datos son en parte el resultado de un artificio contable bien conocido: el CAD atribuye a España parte de los recursos de la AOD de las instituciones europeas, que en realidad está fuera del ámbito de decisión de España, y representa ya más de 40% de la AOD total. Los recortes están generando ya distorsiones difíciles de justificar: la mayor partida de gasto de la AECID se dirige ya … a la propia Agencia, que destina más de un tercio de su presupuesto a su propio sostenimiento. Estamos muy por debajo del umbral mínimo necesario para hablar de la política de cooperación como tal, y se ha llegado a un grado de deterioro que en muchos aspectos es irreversible. A partir de ahí, el discurso del Gobierno de que se va a hacer “más con menos”, su discurso sobre la eficacia de la ayuda, o el argumento de que se están preservando capacidades para cuando los presupuestos vuelvan a crecer parecen bromas de mal gusto o, peor, una ofensa a la inteligencia.

En suma, se puede hablar de un verdadero desmantelamiento de la política pública de cooperación, que quizás apenas alcanzamos a tener. Ese proceso comenzó en la lamentable gestión que supuso la segunda legislatura del gobierno socialista, un periodo de abierta contrarreforma en el que, al final, se produce la ruptura del consenso y se inician los recortes. Pero no se trata sólo de unos recortes que, a la luz de lo que ocurre en otros países, van mucho más allá de los imperativos del ajuste. También está presente el factor ideológico: como ocurre en otras esferas de la política pública, con el cambio de gobierno la cooperación ha pasado a estar en manos de responsables políticos que no creen en ella y pretenden un cambio de modelo sin el consenso ni el debate público necesario para ese cambio.

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