Entrevista a Javier Pérez, director de CIECODE

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PERFIL DEL ENTREVISTADO

  • Nací en Boston, Massachusetts, el 16 de julio de 1981, aunque he residido en España toda mi vida.
  • Actualmente, soy director del Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo (CIECODE).
  • Mi principal área de conocimiento es la política comercial y de inversiones internacionales, aunque en los últimos años también he trabajado en temas relacionados con buen gobierno, transparencia y participación ciudadana.
  • Si tuviera que elegir, hay dos obras cuya lectura recomendaría. La primera, de ámbito más general, es Understanding Poverty de Banerjee, Bénabou y Mookherjee. La segunda, más centrada en política comercial, es Kicking Away the Ladder de Ha-Joon Chang.

Mis trabajos más recientes se pueden consultar en www.ciecode.es y en https://es.linkedin.com/in/javierperezgonzalez

ENTREVISTA

¿Qué debates de los escrutados por Avizor han tenido mayor relevancia en la pasada legislatura?

Hemos analizado más de 2.500 actos parlamentarios a lo largo de esta X legislatura, por lo que es difícil responder sin entrar en mucho detalle. Es destacable que el ámbito temático más tratado en el Congreso de los Diputados durante los cuatros años ha sido el de las políticas migratorias a través de debates, preguntas y propuestas relacionadas con los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el apartheid sanitario, las fronteras de Ceuta y Melilla y, más recientemente, la llegada masiva de refugiados a la UE. El segundo ha sido el de comercio internacional e inversiones, debido principalmente a la actividad parlamentaria relacionada con la pesca y los acuerdos pesqueros de la UE con terceros países y, más recientemente, con el acuerdo Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión -más conocido como TTIP- entre los EEUU y la UE. En el extremo opuesto está la fiscalidad internacional, que de los siete bloques a los que damos seguimiento es el que menos actividad parlamentaria ha registrado (quizá si hubieran publicado los “papeles de Panamá” hace unos meses, el debate sobre fiscalidad se hubiera animado un poquito más). Mayor actividad no significa, sin embargo, una mayor presencia de propuestas favorables al desarrollo o que incorporen la perspectiva de coherencia de políticas, más bien al contrario. Precisamente los temas de comercio e inversiones internacionales han generado escaso enfoque favorable al desarrollo. Animo a todos los socios y amigos de REEDES a que visiten la página web del proyecto (www.proyectoavizor.es). Que expriman las posibilidades del buscador y consulten las últimas publicaciones, repletas de conclusiones y propuestas interesantes.

En relación con la iniciativa “Qué pasó con…eso que aprobó en el Congreso”, ¿cuáles fueron los principales acuerdos parlamentarios adoptados en materia de desarrollo y cooperación? ¿Cuál fue el compromiso final por parte del Gobierno de Mariano Rajoy?

A lo largo de la anterior legislatura, el Congreso aprobó más de 150 iniciativas de orientación política al Gobierno sobre temas de tanta relevancia política y social como la elaboración del II Plan Nacional de Derechos Humanos, la aprobación de una Ley Integral contra el Cambio Climático o el desarrollo reglamentario para la Ley de Asilo y para los Centros de Internamiento de Extranjeros. Según los resultados de nuestro análisis, el Gobierno sólo ha cumplido íntegramente el 31% de estos mandatos parlamentarios. Además, este nivel de cumplimiento es desigual en función del mayor o menor “contenido pro-desarrollo” del acto aprobado: mientras que el Gobierno cumplió el 44% de los actos que no presentaban contenido favorable al desarrollo, sólo lo hizo en un 25% de los casos en los que sí estaba presente dicho contenido. Más allá de evidenciar la falta de voluntad política del Gobierno en materia de desarrollo y cooperación, este bajo nivel de cumplimiento cuestiona la seriedad con la que el Ejecutivo se toma los acuerdos alcanzados por las Cámaras Legislativas y pone en tela de juicio la utilidad de la función parlamentaria. Estas son cuestiones irrenunciables en la muy necesaria reforma del Reglamento del Congreso, que ojalá vea la luz en la próxima legislatura.

¿Cuál vislumbras que va a ser el trabajo de seguimiento de la actividad parlamentaria de CIECODE en la próxima legislatura?

Si el trabajo de seguimiento de la actividad parlamentaria ya ha resultado apasionante y ha permitido obtener interesantes aprendizajes durante la pasada legislatura, esperamos mucho más de esta nueva. Sin mayorías absolutas, el Congreso vuelve al centro de la escena política y sus debates, negociaciones y acuerdos serán clave para determinar el enfoque y ambición con el que España vaya a comenzar a desarrollar su respuesta a los compromisos de la Agenda 2030.

Como respuesta a esta nueva coyuntura, desde CIECODE hemos realizado la apuesta institucional de mantener por otros cuatro años más –en funcionamiento y en abierto– nuestras herramientas de vigilancia parlamentaria, a pesar de no haber encontrado aún la fórmula para cubrir su financiación. La principal novedad para este nuevo periodo es que vamos a adaptar la tecnología que desarrollamos para el proyecto TIPI (www.TIPIciudadano.es) –que detecta, registra y clasifica temáticamente de forma automática la información parlamentaria – al esquema de los 17 ODS. De este modo, un periodista, un investigador o los propios diputados podrán acceder rápida y cómodamente a la actividad parlamentaria, pudiendo verla sistematizada en base a la, no siempre obvia, vinculación entre políticas concretas y el marco establecido por los ODS. Esperamos contribuir con esto a facilitar el diálogo social y político sobre las políticas de desarrollo, a seguir “inoculando el virus” de la coherencia de políticas en ciudadanos y políticos. Y sobre todo a fomentar el control ciudadano sobre la actividad parlamentaria y del Gobierno.

A raíz de la nueva Agenda 2030 del desarrollo, todos los países, incluido España, tendrán que cumplir diversas metas. ¿Qué retos crees que deberían asumir los responsables políticos españoles?

La Agenda 2030 ha venido a confirmar oficialmente lo que ya era una evidencia para gran parte del sector de la cooperación: la necesidad de una respuesta eminentemente política –y no sólo financiera o técnica – a los retos del desarrollo y lo artificial del debate entre problemas domésticos y de desarrollo. Es necesario, que este cambio de paradigma sea “digerido” por la clase política y por la ciudadanía en general. Y, acto seguido, hace necesario repensar qué nuevos mecanismos, estructuras e instituciones van a ser necesarias para impregnar a toda la acción política del enfoque de desarrollo sostenible. En este sentido, parece obvio que las instituciones –públicas y privadas – tradicionalmente vinculadas con la cooperación van a tener que liderar y dinamizar el debate y las acciones en los primeros momentos; pero es absolutamente esencial que la Agenda 2030 salga pronto de los dominios de la cooperación al desarrollo, sea asumida por las más altas instancias de decisión política y apropiada por la totalidad de sectores involucrados en su implementación.

¿Cómo ves la situación actual de los estudios del desarrollo en nuestro país y cuáles serían los principales desafíos?

Creo que la Agenda 2030 va a suponer un mayúsculo reto para los decisores políticos, que van a necesitar, entre otras cosas, del acceso a todo el conocimiento y experiencia que se ha atesorado en los últimos años en el estudio, diseño y evaluación de políticas públicas, donde la disciplina de los Estudios del Desarrollo tiene un claro valor añadido. Es decir, creo que los dos grandes desafíos van a estar en conseguir acertar en las líneas de trabajo e investigación relevantes desde la perspectiva de la Agenda 2030 –afirmando así el servicio público de nuestra disciplina – y en realizar una adecuada difusión y transferencia a los responsables políticos de los conocimientos generados.

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